Han recordado que el precio de una plaza en residencia privada en Barakaldo supera los 3.000€ mensuales.
Sin embargo, según fuentes de familiares de usuarios, en el 70% de los casos, el servicio es deficiente por falta de medios, y de personal.
La función inspectora, que correspondería a Diputación, solo se ejerce tras denuncia, y esto, según aseguran, ocurre pocas veces, dada la edad de los usuarios.
Además, en los pocos casos de residencias sancionadas el año pasado en Barakaldo, la multa ha sido minimizada y un caso de cierre ha reabierto, se lamentan.
Además, hay quejas de mala comida y obligación de pagar los pañales, según denuncian los familiares que solicitan inspecciones periódicas, de oficio y sin previo aviso.
“No se puede garantizar una atención de calidad por debajo de los 60 minutos por día y paciente; actualmente las ratios no llegan, ni de lejos, a esos parámetros”, concluyen.