Ocho activistas llegados de El Salvador, Guatemala, Colombia y Rif han obtenido el asilo político en los últimos cinco meses.
Todos ellos son residentes de Martín Etxea, un espacio de acogida y refugio para personas migrantes con sede en Gallarta.
Cada año, tan sólo un 11% de solicitudes reciben una respuesta positiva por parte del Estado español.
“Este respaldo nos impulsa a seguir trabajando junto a las personas que necesitan protección internacional a pesar de las rigidez de la burocracia», comentan desde Martín Etxea.
Dos de los refugiados , Ivania Cruz y Rody Joya, ambos abogados salvadoreños, defensores de los derechos humanos, y críticos con el régimen » autoritario» de Bukele, relatan a TELE7 lo que les espera si regresan a su país de origen: «cárcel y muerte».

