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La diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, ha señalado en el pleno celebrado en Gernika que la mayor agilidad administrativa y las nuevas normativas permiten una supervisión “más minuciosa” para garantizar los derechos de las personas usuarias.
La interpelación, formulada por la apoderada del grupo juntero EH Bildu, Izaskun Duque, ponía el foco en el salto cuantitativo de expedientes registrados, que pasaron de 28 en el año 2024 a 214 en el ejercicio de 2025.
En cuanto al estado de los centros, Antxustegi ha apuntado que de los 157 centros residenciales autorizados, 58 no fueron objeto de ninguna sanción, al igual que 37 de las 49 viviendas comunitarias registradas.
La diputada ha aclarado que no todas las vulneraciones presentan la misma gravedad.
La mayoría de los casos corresponden a “cuestiones menores” de mantenimiento o incumplimientos puntuales en las ratios de personal. Estos últimos se están reduciendo.
En lo referente a las sanciones catalogadas como muy graves, la diputada ha precisado que todas han estado relacionadas con el uso de sujeciones físicas, ya sea por ausencia de consentimiento informado o por falta de registro, un ámbito en el que el Departamento de Acción Social mantiene un plan estricto para su progresiva eliminación.
