Francisco Santamaría, de 87 años, tuvo que abandonar su casa de la calle Julián Gayarre hace casi 4 meses debido a los graves desperfectos ocasionados en la misma por las tareas de demolición de una vivienda contigua.
Desde entonces va “de casa en casa”, acogido por sus hijas.
Esta situación ha afectado notablemente a su salud física y mental.
Cierto es que se trata de una actuación privada, pero sus nietos sienten que desde el Ayuntamiento, que es quien concede la licencia de derribo, se ha actuado de forma negligente al no inspeccionar la obra y mucho menos sus consecuencias.
Esa “falta de sensibilidad” que denuncian se refleja también en el hecho de que los responsables municipales tardaron mes y medio en atenderles.
Por su parte, el Ayuntamiento ha señalado que la mediación y el contacto con la familia Santamaría y la empresa privada que ha causado los daños están siendo constantes, en todo momento, para acelerar las reparaciones.
Además, los responsables municipales lamentan dicha percepción de desamparo, a pesar de las “continuas conversaciones y trámites” que el consistorio está llevando a cabo, pese a tratarse de un asunto entre particulares, ajeno al Ayuntamiento.
Asimismo, desde el consistorio aseguran haber puesto a su disposición los recursos sociales que pudiera necesitar, ofrecimiento rechazado por la familia.