En noviembre entró en funcionamiento el nuevo contrato pero la nueva empresa se negaba a recibir a los 28 perros porque carecían de chip.
Hasta que se ha resuelto la situación el consistorio ha tenido que abonar a la anterior adjudicataria, que se seguía encargando de atender a los animales, esos 10.000 euros.
Irabazi ha criticado este “sobrecoste” dado que ponerles el chip identificativo tan sólo habría costado 840 euros por lo que ha pedido explicaciones al equipo de gobierno.