Hasta el momento, 9 trabajadores están citados o imputados “por el hecho de defender sus condiciones de trabajo”.
Están acusados de desórdenes públicos y coacción, según denuncian los sindicatos.
Estos piden que “se queden sin efecto todas las imputaciones que hay encima de la mesa, al igual que las sanciones económicas”.
Tras solicitar la mediación del Gobierno Vasco, se encuentran a la espera de una convocatoria de reunión con la patronal.