"Es radicalmente falso que se haya vulnerado legalidad alguna. Y no es una opinión. Ahí están los hechos para corroborarlo: si llega a producirse lo que el PNV dice, el interventor no hubiera firmado los expedientes y las facturas tendrían que haber ido a Pleno para poder abonarse. Y eso no ha ocurrido". Son casos en los que se ha usado un trámite excepcional (el suministro de gas, por ejemplo, para algo tan básico como no dejar sin calefacción a los colegios) o el procedimiento negociado con tres ofertas.
Procesos en los que el propio PNV admite en su nota que son legales. El interventor ha puesto objeciones jurídicas, como hacen interventores de todos los municipios cuando lo consideran oportuno, pero no ha dicho que sea ilegal, y además hay informes de otros técnicos municipales que avalan los procesos. Tampoco es verdad que sean expedientes firmados por el actual Alcalde.
"Mucho nos tememos que no se trate más que una estrategia para desviar la atención ante el ninguneo del Lehendakari Urkullu al Alcalde o un intento de silenciar el clamor popular para pedir el cambio del nombre del BEC, después de que las instituciones dirigidas por el PNV insistan en situar la feria en Bilbao".
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