La comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de las Juntas Generales ha recibido la queja de Rosa Ibargaray.
Desde junio, las personas que acompañan a un usuario con discapacidad intelectual no están obligadas a pagar el precio del billete.
Sin embargo esta medida no se ha cumplido pese a que su hijo cuenta “con una dependencia del 70% y un grado discapacidad severo de grado 2”.
A preguntas de los grupos junteros sobre el origen del problema, Ibargaray ha señalado que dos departamentos forales, Acción Social y Transportes, Movilidad Sostenible y Turismo, “se han ido echando la culpa entre ellos” por lo que parece ser un “error” en los códigos del sistema.
Le consta que otra familia estaba en su misma situación y que el mecanismo implantado para reconocer la dependencia originó “muchos problemas” al principio, que después fueron subsanados.
