Desde 2022 la empresa «arrastra» 13 sanciones correspondientes al 100% de 10 mensualidades, así como al 90% y 50 %, respectivamente, de otros 2 meses de contrato.
En total, 110.000 euros que el consistorio jarrillero se ha negado a abonar a la compañía de mantenimiento por el «incumplimiento de sus obligaciones».
El contrato expira a finales de año, y el Ayuntamiento ha iniciado los tramites para sacar de nuevo el servicio a licitación con unos pliegos mejorados .
El concejal de obras y servicios, Jon Pesquera ha relatado la «pelea diaria» para que la empresa cumpla con sus compromisos.
Es un «martirio» para los técnicos municipales; un «tormento diario», ha dicho, en relación a la sensación de impotencia porque no hay «justificación» para que la empresa prolongue en el tiempo la reparación de las averías.
El edil lo achaca a que la contrata tiene «problemas internos de funcionamiento»; «problemas organizativos que les corresponde a ellos subsanar», ha matizado.
El Ayuntamiento no ha considerado la posibilidad de rescindir el contrato porque esto «hubiera incrementado las dificultades» para mantener las rampas en funcionamiento.
Y es que no hay mucha competencia en el sector; esta empresa fue, de hecho, la única que se presentó al concurso en 2022.
En su lugar, el Ayuntamiento le ha pedido un plan de actuaciones para revertir la situación.
«Necesitamos que tengan gente» para atender las averías; ante la necesidad de contar con trabajadores capacitados, la compañía ha mostrado su voluntad de recurrir a un instituto de Formación Profesional,» que les va a aportar estudiantes con la capacitación suficiente».
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