EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia habían pedido la comparecencia de la diputada de Sostenibilidad en
las Juntas Generales de Bizkaia.
Ambos grupos creen que “no se están respetando los derechos históricos de pastoreo”; un derecho que es
“atemporal y para toda la ciudadanía”, y que es recogido por “varias” sentencias judiciales.
EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia han lamentado que Diputación se excuse en una
orden foral y en una concesión administrativa para suprimir un derecho histórico de pastoreo que existe.
La apoderada de la coalición abertzale Iratxe Arriola ha pedido que “se ponga en libertad” al ganado, “se indemnice” a los ganaderos y “se arregle de forma dialogada” un conflicto que atenta contra los derechos de estos.
Ha tachado la “incautación” de reses de “chantaje” hacia
estos propietarios.
Elena Unzueta, por su parte, ha negado que dichos terrenos estén protegidos por estos derechos, ya que estos se anularon con la llegada de las explotaciones mineras.
Es más,la Diputación adquirió el Monte Patrimonial 500, de 600 hectáreas, en 1988,“sin cargas, tal y como consta en la inscripción en el Registro de la Propiedad”.
La diputada ha confirmado que tras largos años de trabajo con ganaderos de la zona y ayuntamientos implicados, se ha conseguido dar “pasos importantes” para ordenar los usos de un terreno que incluye zonas recreativas y de
pastoreo.
Actualmente, “tres asociaciones legalmente constituidas” tienen una concesión administrativa para desarrollar el pastoreo en dicha zona.
Unzueta ha explicado que el incidente que se repite en la zona con varios propietarios de ganado, se está dando en parte de una extensión ”, propiedad de la Diputación, “ donde no existen estos derechos
de pastos”, de ahí que la Diputación haya tenido que actuar y retirar ganado de propietarios que “continua y reiteradamente” están incumpliendo la normativa.
Las actuaciones que está desarrollando la Diputación, entre las que se encuentra la incautación de ganado, pretenden evitar distintos “problemas”, ha advertido, entre los que ha citado la “inseguridad vial” producida por la invasión
de ganado en la carretera que une Gallarta y La Arboleda, el impacto de incendios “intencionados”, problemas de higiene en zonas recreativas, ocupaciones “ilegales” de terreno o episodios de “violencia y amenazas” hacia el personal foral.
