Hoy se ha celebrado la vista pública por un incidente anterior al incendio de hace 2 semanas.
El denunciado ha reconocido haber quemado la botonadura del ascensor; en su defensa ha presentado un informe médico.
En el caso de tener que hacer frente al coste de la reparación, ha acreditado, asimismo, sus bajos ingresos; percibe 780 euros mensuales de la RGI.
La avería, según la documentación aportada por los vecinos, supera los 400 euros por lo que no se trata de una falta sino de un delito, y este juzgado se ha desentendido de la causa .
Los residentes del número 15 de la calle Juan Crisóstomo Arriaga acudían a este juicio, libro de actas de la comunidad en mano, con la esperanza de lograr la incapacitación de este inquilino del Gobierno Vasco pues están convencidos de que, con sus reiterados estragos, pone en peligro sus vidas.
Sin embargo, «no les han dejado decir nada»; ni siquiera la fiscal se ha interesado por preguntar sobre su situación.
Observando los últimos comportamientos de este vecino; ayer mismo habría quemado algunos matorrales en la trasera de la escuela de aprendices; están convencido de que la » prepara gorda», y se preguntan si la justicia está esperando a que los mate.
