Los sindicatos critican el PNV por su decisión de ampliar la parte privatizada del servicio de jardinería.
Aseguran que esto va a suponer un sobrecoste para las arcas municipales de unos 2 millones de euros en 4 años, comparado con la prestación directa del servicio.
Acusan al gobierno local de dejar morir el servicio municipal, no cubriendo los puestos vacantes, para, después, justificar una privatización de la que «sólo se benefician empresas intermediarias con jugosos beneficios» pues las condiciones laborales son más precarias.
Desde 2002 la parte pública del servicio de jardinería ha quedado mermada a la mitad; de 12 trabajadores ha pasado a contar con sólo 6 jardineros municipales.
La oposición en bloque cierra filas con los sindicatos.
EHBildu, PSE y Podemos han presentado una moción en el próximo pleno para solicitar que se deje en suspenso el proceso de adjudicación del servicio de jardinería.
Reclaman también que el departamento de intervención municipal realice un estudio sobre su coste pues, a su juicio, podría incumplirse la ley de régimen local, que obliga a los servicios públicos a gestionarse de la forma más eficiente.
