Se trata de un paso obligado en todas las administraciones después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales algunos preceptos de la normativa general
En el caso de Portugalete, los coeficientes que se aplicarán van a afectar al bolsillo de los portugalujos de forma positiva, en palabras del concejal de hacienda, Javier Carretero.
Hasta ahora las arcas jarrilleras ingresaban anualmente por este concepto, que grava las trasmisiones de propiedades, unos 400.000 euros.
