Acudían al último pleno de Trapagaran para que los responsables municipales conociesen de primera mano los problemas de inseguridad y delincuencia que soportan.
La familia presuntamente causante de esta situación será desahuciada en octubre, pero no por la conflictividad que, supuestamente, generan, sino por impago del alquiler; viven en un piso del Gobierno Vasco.
El ayuntamiento no puede hacer otra cosa que pedir a la ertzaintza que patrulle permanentemente en el barrio.