Hasta lograr, un año después, que un juzgado de lo civil dicte una orden de desalojo del caserío familiar, Maite Lopategi, de 77 años de edad, ha vivido un calvario judicial, que la ha «devastado psicológicamente».
Esa orden está fijada para el próximo lunes 29 de mayo a las 9 de la mañana.
Antes, por la vía penal no obtuvo el mismo éxito.
El juzgado de instrucción nº 2 de Barakaldo dictaba el año pasado sentencia absolutoria en el caso de un delito leve de usurpación del inmueble sito en el barrio de Gorostiza.
Se amparaba en que la ocupación, que tuvo lugar el 29 de abril de 2022, no suponía » una perturbación de los derechos de posesión y disfrute de la denunciante”, desestimando que «el ataque al derecho a la propiedad sea de la gravedad necesaria para merecer la protección penal».
Y es que es, tras el reciente fallecimiento de su hermano, Maite ,aún recuperándose anímicamente, no había decidido si venderlo o arrendarlo, y el caserío se encontraba vacío.
Durante ese juicio, la anciana se sintió enjuiciada por haber mantenido desocupada la vivienda; «He sido abusada por ser una mujer mayor y sola», ha explicado a la redacción de TELE7.
Como la vía penal no prosperó, Maite cambió de abogado y recurrió a un procedimiento civil.
Es por esto que , aunque este lunes, una vez la Ertzaintza y los funcionarios del juzgado accedan a la vivienda, recuperará el caserío, se pregunta quién se va a hacer cargo de los destrozos que presumiblemente encontrará.
Y es que , según ha podido saber, las pertenecías familiares han sido saqueadas; «desvalijados los muebles», y han desaparecido, entre otras cosas, las herramientas que “eran la vida de su hermano”, quien, mientras vivía , acudía diariamente al caserío familiar a cuidar de la propiedad y de los animales.
Mucho se teme que lo que va a encontrar es un caserío «ruinoso», una «escombrera», según apunta,
De momento, los gastos a los que ha tenido que hacer frente esta jubilada barakaldesa entre abogados y procuradores superan los 2400 euros.
Curiosamente, los ocupas no encontraron ningún impedimento por parte del Ayuntamiento de Barakaldo para empadronarse en él cuando habitualmente se exige bien contrato de alquiler bien escrituras de la propiedad.
Maite no alcanza a entender como en el caso de su caserío les bastó con que la Ertzaintza emitiera un informe certificando que residían en la vivienda.
Se da la circunstancia de que los ocupas que en su momento alegaron «no tener otro lugar donde residir con sus 5 hijos menores»,ya no viven en el caserío y se habrían trasladado a una vivienda de la calle Llano, en el barrio de Cruces.
Eso sí, «van y vienen al caserío y lo tienen como lugar de recreo», concluye la afectada.
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