Una de las 13 familias que han presentado una querella en el juzgado de instrucción número 1 de Aoiz (Navarra) por lo acontecido en el campo de concentración de Igal-Vidangoz-Roncal es la del miliciano socialista portugalujo Andrés Vítores.
En la misma, se solicita que aquellos hechos sean declarados crímenes contra la humanidad.
Los familiares de personas que «padecieron condiciones de esclavitud laboral y humana, represión y castigo» en este centro reclaman la apertura de una investigación en el ámbito penal.
Tras el golpe de estado del 36 y la guerra civil, cientos de miles de personas (excombatientes y disidentes políticos) fueron recluidas en campos de concentración u obligadas a realizar trabajos forzados en batallones de trabajadores.
Era una de las formas que el régimen franquista utilizaba para castigar al bando perdedor; “las condiciones de vida eran de extrema dureza y crueldad: alimentación pésima y deficiente, vestimenta harapienta, condiciones sanitarias deplorables, frío intenso durante el invierno, agresiones por parte del personal militar responsable de su vigilancia, ejecuciones extrajudiciales, muertes por enfermedad…”
Hasta ahora, sólo la jueza Servini en Argentina había investigado los crímenes de la dictadura de Franco.
Se espera que a ésta le sucedan muchas otras querellas en el estado español.
Por ser una familia portugaluja una de las denunciantes, el pleno de la villa; con los votos de todos los grupos políticos a excepción del PP que se ha abstenido; ha aprobado una moción de apoyo a la causa.
