Directos
Anuncian el inicio inmediato de acciones en la vía administrativa con un doble objetivo: depurar las posibles responsabilidades institucionales y promover la modificación urgente de protocolos y normativas que permitan prevenir situaciones similares en el futuro.
“Nuestra denuncia destapó un escándalo que podría haber sido de gravedad extrema para la salud pública”, declaran los progenitores afectados.
Subrayan que la sentencia reconoce oficialmente el relato de los hechos por ellos denunciados y que estas prácticas se venían produciendo durante un período prolongado de tiempo.
“Lo que hasta ahora se negaba queda ahora ratificado judicialmente”, afirman con contundencia las familias, al tiempo que expresan su “profunda preocupación por el mensaje que puede enviar esta resolución absolutoria”.
“No podemos permitir que esta sentencia ampare o anime a quienes, con objetivos antivacunas o de cualquier otra índole, puedan sentirse tentados a llevar a cabo actitudes similares que pongan en riesgo la salud de las personas”.
Las familias manifiestan su “incomprensión absoluta” ante el hecho de que, durante todo este tiempo, no se hayan adoptado medidas preventivas o correctivas por parte de las autoridades sanitarias competentes.
“Iniciaremos conversaciones con partidos políticos y grupos parlamentarios para impulsar cambios tanto en los procesos administrativos de control como en la legislación vigente”, adelantan.
“Es imprescindible que este tipo de conductas, cuando supongan un peligro real para la salud pública, sean identificadas a tiempo y castigadas con toda claridad legal”.
Las familias concluyen: “Nuestro objetivo no ha cambiado: proteger la salud de los menores y garantizar que ningún padre tenga que pasar por lo que nosotros hemos vivido”.
