Directos
El PSE-EE considera «especialmente grave» que la misma persona que redactó los pliegos, valoró las ofertas y dirigió la adjudicación sea ahora quien propone indemnizar a la empresa saliente con 1,3 millones de euros.
“No se puede ser juez y parte en un proceso que además ya está judicializado por parte de los amarristas”, han añadido, subrayando la necesidad de un informe técnico y jurídico externo que avale cualquier decisión antes de comprometer recursos públicos tan elevados.
«Se trata de dinero de la ciudadanía y, por ello, pedimos un informe técnico externo e independiente que avale esa decisión; y si se ha causado un perjuicio a la empresa, alguien debe explicar con claridad los motivos y las responsabilidades».
Sin embargo, la alcaldesa Amaia Agirre ha explicado que no se trata de una indemnización sino de la devolución del aval que la empresa depositó en su día.
