Directos
Aunque en un principio admitió a trámite la solicitud de la plataforma Stop Variante Las Carreras, finalmente la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se ha inhibido, al estimar que no es competente en la materia.
«Las autoridades de los Estados miembros son responsables de la correcta aplicación de la legislación medioambiental de la UE», explica en sus conclusiones.
«Por lo tanto, es mejor resolver las reclamaciones por presuntas infracciones de la legislación de la UE recurriendo a los tribunales nacionales», recomienda.
Dado que la Evaluación de Impacto Ambiental y los procesos de consulta pública relacionados aún están en curso, la Comisión «confía en que las autoridades competentes regionales y nacionales garantizarán que se sigan debidamente todos los procedimientos pertinentes y que se tengan en cuenta las aportaciones y las pruebas científicas pertinentes».
De acuerdo con la Directiva sobre los Hábitats, cualquier proyecto que pueda tener un efecto significativo en un lugar de la Red Natura 2000, como es el caso, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una evaluación adecuada de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta sus objetivos de conservación.
Si, a pesar de una evaluación negativa y a falta de soluciones alternativas, un proyecto debe llevarse a cabo por razones imperiosas de interés público de primer orden, el Estado miembro tomará todas las medidas compensatorias necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida.
Según la información de que dispone actualmente la Comisión, el proyecto de la Variante de la carretera BI-734 entre los P.K. 128+400 y 130+500 en Abanto-Zierbena (Bizkaia) ha sido analizado por las autoridades competentes en materia de conservación de la naturaleza y ha sido sometido a un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) conforme a la legislación española que traspone la Directiva 2011/92/UE.
Además, entre marzo y mayo de 2025 se llevó a cabo una exposición pública, y tanto los ciudadanos como el municipio presentaron «un número significativo de observaciones y alegaciones».
El informe de evaluación final y las conclusiones de las autoridades competentes «parecen estar aún pendientes», .
En lo que respecta a la Directiva sobre los Hábitats (92/43/CEE), la información disponible no indica un incumplimiento sistémico de la legislación medioambiental de la UE, concluye la Comisión.
