Son informes de reparo realizados por la secretaria y la interventora; estas son las máximas autoridades municipales, encargadas de velar por la legalidad de cualquier procedimiento que realice el ayuntamiento.
Y citan duplicidad en los contratos ; ambigüedad y falta de concreción en el objeto de los mismos y “despilfarro» de dinero público.
Desde el equipo de gobierno responden que la empresa estaba informada de los 6 meses de prorroga del contrato del inventario del patrimonio de Portugalete porque , por contrato, el periodo de ampliación se debía acordar con la propia empresa; y en cuanto a la licitación del proyecto de emprendizaje, el informe de la interventora era un informe inicial y , una vez presentada una aclaración por parte de la dirección de comercio, vista la legalidad, se decide continuar con la contratación.De lo contrario, se hubieran perdido los 98.000 euros de subvención del Gobierno Vasco.
