El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado una sentencia que es firme y no se puede recurrir, en la que anula el acuerdo municipal del anterior equipo de gobierno sobre la indemnización a los antiguos propietarios.
El ayuntamiento intentó indemnizarles con 256.000€, pero el juez subió la cantidad hasta los 2’4 millones de euros.
Ante esta situación, el Partido Popular urge a la alcaldesa a convocar la Junta de Portavoces para analizar las consecuencias urbanísticas y económicas que esta sentencia acarrea.
