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El Gobierno Vasco ha intervenido la entidad, constituida en 1981 , tras detectar un caso grave de apropiación indebida de fondos.
La intervención pretende salvaguardar el patrimonio restante.
Las denominadas EPSV de decesos constituyen una modalidad específica y se dedican exclusivamente a la cobertura de los gastos y servicios derivados de un sepelio, y no al pago de pensiones.
La decisión se adoptó el pasado 11 de abril, en virtud de las competencias recogidas en la Ley 5/2012 de EPSV, una vez que la Dirección de Política Financiera y Previsión Social del Gobierno Vasco confirmó, tras una confesión directa, que una integrante de la Junta de Gobierno había desviado una cantidad cercana a los 600.000 euros, prácticamente la totalidad del patrimonio de la entidad (estimado en unos 650.000 euros).
La persona implicada habría aprovechado su experiencia y la confianza del resto de los órganos de gobierno para realizar estas prácticas fraudulentas durante años, falseando además la información remitida al Gobierno Vasco para encubrir su actuación.
Tras conocerse estos hechos, se impusieron medidas cautelares que obligan a que toda disposición de fondos sea validada por los interventores designados por la administración.
La Dirección de Política Financiera y Previsión Social ha asumido temporalmente el control de la entidad , y convocará ,próximamente, una asamblea de socios y socias para que decidan el futuro de la EPSV: optar por su continuidad con una nueva Junta de Gobierno o acordar su disolución y liquidación definitiva.
Mientras tanto, el Departamento vasco de Hacienda y Finanzas está gestionando una posible alternativa con una EPSV relevante del sector, con el objetivo de acoger al colectivo interesado, especialmente a los socios de más edad, los más afectados por la situación.
Por otro lado, la recuperación del dinero sustraído es altamente improbable.
Solo una eventual sentencia judicial favorable que imponga una indemnización y la existencia de bienes suficientes por parte de la defraudadora permitirían resarcir el daño causado, una posibilidad que se considera poco probable.
La investigación sobre el caso fue iniciada por la Ertzaintza, a raíz de una denuncia del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales), que detectó movimientos sospechosos entre cuentas de la EPSV y un familiar directo de la persona implicada.
Este nuevo caso de fraude ha activado una reflexión interna en el Gobierno Vasco sobre la supervisión del subsector de EPSV funerarias, que engloba actualmente a 29 entidades con más de 100.000 socios.
Entre las medidas que se estudian se encuentran la reducción del número de entidades, su profesionalización y una mayor exigencia documental, con el fin de prevenir que se repitan situaciones similares.
Un fraude similar se registró en 2018 en una EPSV dedicada a coberturas sanitarias.
