Directos
¿Y si el verdadero interés de la operación de Dámaso Quintana y el Gobierno Vasco no eran las personas trabajadoras de Vicinay ni su futuro industrial, sino los terrenos de la empresa?, se pregunta el sindicato.
La dirección de Vicinay comunicó ayer su intención de despedir a 60 personas y aplicar un nuevo ERTE al resto de la plantilla en Sestao.
Tras el rescate de la empresa con 7,5 millones de dinero público, la evolución de los acontecimientos le genera serias dudas a LAB.
«No resulta creíble que, en una operación de esta envergadura, Dámaso Quintana y el Gobierno Vasco no pudieran prever que Vicinay podía
afrontar dificultades de pedidos y de actividad», señalan.
Por eso, LAB exige que se aclare «qué objetivos perseguía la operación, qué garantías se establecieron para proteger el empleo y qué papel
desempeñan los terrenos en las decisiones sobre el futuro de la empresa».
«El Gobierno Vasco ha respaldado públicamente la operación con recursos públicos. Ahora no puede mirar hacia otro lado mientras se plantea la destrucción de empleo industrial en Sestao y Ezkerraldea. Debe explicar qué compromisos se adquirieron, qué garantías se exigieron y qué va a hacer para impedir los despidos», insisten desde LAB.
A juicio del sindicato, «la pérdida de un pedido importante no puede convertirse automáticamente en una justificación para despedir a 60 personas y aplicar un nuevo ERTE al resto de la plantilla».
Consideran que la empresa «debe explicar qué alternativas ha estudiado, qué otros pedidos y proyectos está buscando, y qué plan tiene para recuperar la actividad».
Además, advierten de que un nuevo ERTE prolongaría la incertidumbre de unas personas trabajadoras que ya han soportado largos periodos de inactividad y han consumido parte de su protección por desempleo.
«¿Qué ocurrirá si termina el ERTE y no llegan nuevos pedidos?», se preguntan.
LAB exige a la empresa que busque soluciones, y al Gobierno Vasco que utilice su posición para garantizar la continuidad de Vicinay.
