En la comisión de Acción Social se ha debatido una proposición no de norma de Elkarrekin Bizkaia para que la Diputación rescindiera el contrato a la UTE Urbi Hiru encargada de gestionar la residencia y centro de día Marcelo Gangoiti de Muskiz, que sufrió uno de los brotes “más impresionantes” de la segunda ola.
Según Héctor Fernández, en este “relevante” caso, en el que se infectaron “88 residentes” de un total de 97, “ha quedado demostrado la incapacidad de los gestores” para contener el contagio y para seguir las recomendaciones de la Inspección. “¿Qué tiene que pasar para que la Diputación se replantee un contrato?”, ha peguntado.
Los grupos que apoyan al Gobierno foral han vuelto a confiar en la labor de la Diputación y, en especial de sus servicios de inspección. Tras destacar que la institución foral ha hecho un despliegue “sin precedentes” en este caso , la jeltzale Celia Gómez se ha referido a la inexistencia de “indicios o pruebas” que demuestren que se han producido “incumplimientos deliberados o negligentes”, como ha defendido la formación morada. “Si son ciertas, actúen en consecuencia más allá de esta iniciativa”, le ha sugerido al representante de la formación morada, si bien “a nosotros no nos consta que la Fiscalía haya actuado”.
La proposición ha sido desestimada finalmente por 10 votos en contra (Nacionalistas Vascos, Socialistas vascos y grupo Mixto) y 5 a favor (Elkarrekin Bizkaia y EH Bildu).
