El abogado de los presuntos ocupas ha presentado un escrito en el que pone en cuestión la «fundamentación jurídica» de la actuación policial.
Según afirma, sin ninguna orden judicial ni denuncia previa del propietario, los agentes actuaron «al margen de cualquier protocolo o procedimiento reglado», máxime teniendo en cuenta la presencia de menores.
El caso se encuentra «judicializado» al haber sido remitido el atestado al juzgado de guardia.
Sin embargo, los responsables de la policía municipal niegan que se expulsara a nadie; explican que se acudió al lugar atendiendo una llamada de los vecinos, alertados por un intento de ocupación; una vez localizado el propietario, afirman que la guardia urbana ejerció una labor de mediación, ofreciendo a la familia que había accedido a la casa; una mujer con sus dos hijos menores, el amparo de los servicios sociales del Ayuntamiento de Portugalete.
Aunque en un primer momento el pasado sábado, la mujer rechazó el ofrecimiento, ayer por la tarde, en un segundo intento de «usurpación», aceptó ser atendida por un trabajador social municipal y la familia pasaba la noche en un alojamiento de urgencia.
La familia, que habría accedido inicialmente a la vivienda el miércoles 17 de noviembre, no están empadronada en Portugalete, sino en Gallarta.
La mujer ha relatado a algunos vecinos que gana 400 euros y no se puede permitir acceder al alquiler de un piso.
La casa en cuestión se ubica en el grupo Villanueva, en el barrio de Repelega, y lleva desocupada unos 10 años.
Se encuentra en «total estado de abandono», según se desprende de unas fotografías que ha hecho públicas el Gaztetxe Sastraka de Portugalete:
