A punto ha estado, ella y sus trillizos de corta edad, de ser desahuciada, después de que el servicio vasco de empleo le suspendiera durante 18 meses las prestaciones sociales.
Con el apoyo de los colectivos sociales de Bizkaia, ha presentado demanda ante el contencioso administrativo por “malas prácticas”.
Landide ha sido condenada en 172 ocasiones en el último año y medio porque sus procedimientos no se ajustan a derecho.
