El ayuntamiento de Barakaldo deniega una ayuda social a una pensionista.

La mujer, de 68 años, cobra una pensión de algo más de 600 euros, pero tiene un gasto hipotecario mensual superior a los 300.

Berriotxoak denuncia lo que califica de” flagrante vulneración de los derechos” porque los servicios sociales no han emitido un informe que justifique la denegación.

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