Los hechos sucedieron el 2 de junio y la vista tuvo lugar la semana pasada.
La jueza da por probado que los imputados permanecieron en la biblioteca más tarde de la hora de cierre y que se identificaron la segunda vez que los agentes se lo pidieron; la primera vez les explicaron a los policías que querían hacerlo en la calle.
Teniendo en cuenta el poco tiempo que permanecieron en el interior, el interés que ellos mismos tenían en abandonar la biblioteca y la falta de problemas a la hora de identificarles, la magistrada confirma que su actitud no puede ser calificada de delito.
Los imputados, ahora absueltos, aseguran que la propia jueza tomó con asombro que el tema hubiera llegado a los juzgados.
Y esto, a juicio de los afectados, sólo se le puede reprochar al alcalde, Mikel Torres y a sus concejales, al tener la responsabilidad sobre la policía municipal, que fue quien les denunció.
Tras esa denuncia, se solicitaba para ellos por desobediencia a la autoridad una multa en conjunto de 26. 000 euros.
La ocupación simbólica de la biblioteca tenía como objetivo lograr en la villa un “servicio bibliotecario digno”; con varios centros repartidos por los barrios, como ocurre en otras localidades del entorno, aulas adecuadas donde leer y/o estudiar y más amplios horarios.
