Los hechos sucedieron el 2 de junio y la vista tuvo lugar la semana pasada.
La jueza da por probado que los imputados permanecieron en la biblioteca más tarde de la hora de cierre y que se identificaron la segunda vez que los agentes se lo pidieron; la primera vez les explicaron a los policías que querían hacerlo en la calle.
Teniendo en cuenta el poco tiempo que permanecieron en el interior, el interés que ellos mismos tenían en abandonar la biblioteca y la falta de problemas a la hora de identificarles, la magistrada confirma que su actitud no puede ser calificada de delito.
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Los imputados, ahora absueltos, aseguran que la propia jueza tomó con asombro que el tema hubiera llegado a los juzgados.
Y esto, a juicio de los afectados, sólo se le puede reprochar al alcalde, Mikel Torres y a sus concejales, al tener la responsabilidad sobre la policía municipal, que fue quien les denunció.
Tras esa denuncia, se solicitaba para ellos por desobediencia a la autoridad una multa en conjunto de 26. 000 euros.
La ocupación simbólica de la biblioteca tenía como objetivo lograr en la villa un “servicio bibliotecario digno”; con varios centros repartidos por los barrios, como ocurre en otras localidades del entorno, aulas adecuadas donde leer y/o estudiar y más amplios horarios.
