La última le condena a pagar 700 mil euros anuales durante 4 años desde este mismo 2017.
Este revés judicial tiene su origen en la operación urbanística del centro comercial Megapark; cuando se expropiaron unos terrenos por un precio inferior al que le hubieran correspondido.
La sala de lo contencioso administrativo ha rechazado la pretensión del consistorio de liberarse de esta carga económica, que en realidad le corresponde a la promotora Arcona Ibérica.
Finalmente, lo deberá asumir el ayuntamiento, como responsable subsidiario, porque la empresa se declaró en suspensión de pagos.
El equipo de gobierno, por su parte, recuerda que, estas y otras sentencias por un valor total de 7 millones de euros, son obligaciones heredadas de la gestión socialista anterior.
