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La alcaldesa, Aintzane Urkijo, ha sido clara; la ley obliga a los ayuntamientos a ofrecer un realojo provisional a transeúntes o personas sin hogar, pero «siempre que acepten un itinerario social, y no es el caso».
Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Itziar Utrera, ha explicado que la denuncia por amenazas presentada por los vecinos ha sido crucial para la resolución de este problema.
Hasta entonces, la policía municipal acumulaba decenas de partes, pero, una vez se presentó esa denuncia en comisaria, la guardia urbana pudo remitirla al juzgado, y la jueza emitió una orden de protección, que ha derivado en la salida de los ocupas.
