Su portavoz, María Ubarretxena, ha señalado que el edificio derribado en 2024 “no cuenta con una protección de patrimonio cultural a nivel de Euskadi”.
La gestión, por tanto, no corresponde al Gobierno Vasco.
Ubarretxena, ha añadido que respetan la investigación judicial y también ha expresado su respeto “a la presunción de inocencia”.

