Además, los populares solicitaban que sólo las personas con residencia legal en el Estado pudieran acceder a estos pisos.
El PP, en palabras de su portavoz Amaya Fernández, también proponía exigir 5 años de empadronamiento previo en Barakaldo y que no pudieran ser beneficiarias las personas con antecedentes penales por delitos muy graves.
