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La actuación forma parte de una investigación penal que permanece bajo secreto de actuaciones y está relacionada con el expediente urbanístico del palacete derribado en San Nicolás 11.
La alcaldesa, Amaia Aguirre, ha señalado que “desde el primer momento el Consistorio está prestando colaboración plena y activa con las autoridades judiciales y policiales”.
Los registros afectan a determinados espacios de trabajo vinculados a la actividad urbanística y administrativa.
La alcaldesa ha subrayado que “cuando la promotora derribó parte del edificio sin el beneplácito correspondiente, el Ayuntamiento actuó con rapidez. Se paralizó la obra de inmediato y se abrió el expediente sancionador a la empresa. Es decir, cuando se detecta un incumplimiento, se actúa. Y si la investigación en curso acreditara alguna vulneración ética o legal, adoptaremos las medidas oportunas con toda la contundencia”.
