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Tras la denuncia de un trabajador, los tribunales han determinado que la tramitación de los expedientes sancionadores se debe desarrollar con personal propio.
El consistorio, que recurrirá la sentencia, tenía subcontratado este servicio que, precisamente, durante un periodo de 2021 no se llegó a prestar tras caducar el contrato con la empresa.
Los sindicatos policiales reclamaron, entonces, que fuera realizado por agentes del cuerpo en segunda actividad.
