Directos
LAB informa de que el juzgado ha estimado la solicitud de medidas cautelares para la empresa Amarradores del puerto de Bilbao con sede en Portugalete.
Esta petición fue realizada ante la modificación sustancial de las condiciones de trabajo «que la empresa pretendía aplicar de manera unilateral».
La jueza no solo acepta las medidas cautelares solicitadas, sino que, además, deja claro en su resolución que no existen causas que justifiquen dicha modificación.
«Las circunstancias alegadas por la empresa como justificativas de la modificación impugnada no obedecen a ninguna
causa o circunstancia que incida en su competitividad, su productividad o su organización del
trabajo, sino a una mera conveniencia empresarial”, sostiene en su auto.
En consecuencia, la modificación queda paralizada y no podrá aplicarse hasta que se celebre el juicio, quedando sin efectos de manera inmediata, y dando plenamente la razón a la parte trabajadora.
Ante esta situación, desde LAB instan a la empresa a que retire la modificación planteada.
«Nuestra postura es clara: no vamos aceptar ninguna imposición. La resolución es un paso más que respalda nuestra posición y entendemos que existen fundamentos sólidos para que esta modificación sea retirada de forma definitiva»!, insisten.
«La batalla no ha terminado, aunque esta resolución marca un punto de inflexión importante ya que la estrategia de la empresa, basada en la mentira y la manipulación, ha utilizado de manera interesada el argumento del absentismo para justificar medidas injustas», continúan.
A su juicio, la resolución es clara y rotunda: «no se ha probado adecuadamente que el sistema de organización del trabajo actual sea la causa de los índices de absentismo, que ,si se han visto incrementados, será por otras razones distintas y no por un sistema de organización del trabajo que lleva veinte años vigente».
Los amarradores del Puerto de Bilbao avanzan que continuarán defendiendo sus derechos laborales:» No consentiremos que utilicen la excusa del absentismo para condicionar el sistema de organización actual en beneficio propio».
Consideran que «la presión ejercida por la plantilla, unida al contenido inequívoco de la resolución judicial, condicionan de manera determinante cualquier proceso de negociación».
«No es posible negociar desde la amenaza ni desde la imposición como bien hemos denunciado en las 6 jornadas de huelga», concluyen.
