El PNV de Portugalete ha denunciado que ,desde 2021, la Oficina Municipal de Información al Consumidor opera sin contrato debido a que la relación contractual entre la empresa y el Ayuntamiento finalizó en julio de ese año.
Esta situación provoca más carga administrativa a los técnicos municipales, que se ven obligados a justificar las facturas ante los reparos del servicio de intervención.
Desde el gobierno municipal han explicado que esta situación deriva de que el concurso para adjudicar la OMIC ha quedado desierto en varias ocasiones.
Aseguran, en cualquier caso, que «el servicio no ha sufrido ninguna merma».
La ley de contratación pública permite levantar los reparos de intervención mes a mes; «una fórmula perfectamente legal que se aplica en muchas administraciones locales», han apuntado.
El Ayuntamiento va a intentar otro procedimiento, vía negociado sin publicidad, para poder adjudicar la gestión de la Oficina Municipal de Información al Consumidor.

