El impuesto a aplicar quedará en manos de los consistorios dentro de la horquilla que establezca la norma foral (entre 0 y 5 euros).
Esto es, las localidades con ninguna o pocas plazas podrán establecer una bonificación del 100% a los turistas, de forma que no paguen nada.
Sin embargo, aquellos con más de 750 plazas, podrán incluso incrementar en un 50% el tributo hasta llegar a los 7,5 euros por persona y noche.
En todo caso, la tasa se aplicará hasta un máximo de cinco noches y se cobrará únicamente a los mayores de edad.
Además, se contemplan ciertas exenciones, como las relativas a estancias subvencionadas por programas sociales, personas con discapacidad igual o superior al 65 %, personas con dependencia de grado II o III, o estancias por motivos de salud.
El impuesto entrará en vigor con la aprobación por las Juntas Generales de una norma (aproximadamente para el mes de junio), y la publicación en el BOB.
Entonces, los ayuntamientos deberán adaptar sus ordenanzas fiscales en un plazo máximo de seis meses.

