245 millones de euros corresponden a las cantidades no abonadas en el pago de impuestos, y 77 millones a los intereses y sanciones que deben abonar los contribuyentes que han incumplido para regularizar su situación tributaria.
Y es que como ha explicado el diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, “defraudar sale caro”.
